Noroeste en claro

Septiembre es el mes en que la comarca vacía la hucha

Alpedrete moviliza 582.460,83 euros, Becerril 1.615.725,55, Las Rozas 16.527.760,14, y a ellos se suman Los Molinos y los dos expedientes de Villanueva del Pardillo. Todos se financian con remanente de tesorería o con mayores ingresos ya recaudados, ninguno con deuda nueva, y todos vuelcan la mayor parte al capítulo de inversiones. La consecuencia práctica es comarcal: durante los próximos meses media comarca va a licitar obra a la vez, compitiendo por las mismas empresas de asfalto, jardinería y obra civil, lo que presiona los precios al alza y los plazos a la baja. Hay una explicación técnica que conviene tener delante: las modificaciones financiadas con remanente solo pueden tramitarse tras aprobar la liquidación del ejercicio anterior, así que su acumulación en verano responde al ciclo legal de la hacienda local y no necesariamente a una estrategia.

AlpedreteBecerril de la SierraLas Rozas de MadridLos MolinosVillanueva del Pardillo

El mismo modelo de vivienda protegida tropieza en dos municipios vecinos por motivos distintos

Pozuelo y Las Rozas usan el mismo esquema: suelo municipal, concesión demanial, promotor privado y alquiler protegido. En Pozuelo falla el subsuelo, con un colector no cartografiado que obliga a modificar el planeamiento de una parcela ya concesionada en 2024. En Las Rozas falla el promotor: las concesiones de Camino Perales y La Marazuela han cambiado de titular, de Gesurbe Project a Locare El Cantizal y Locare Escalonia, con sustitución de garantías, y a Locare Escalonia se le denegó una ampliación de plazo y se le desestimó el recurso el 21 de agosto. En paralelo, el Pleno roceño del 17 de septiembre llevaba la aplicación de la Ley 2/2026 de vivienda protegida, sin que el orden del día explique en qué se traduce. La lectura útil no es que las viviendas estén paradas, sino que tener suelo y aprobar una ley no basta: el saneamiento, las garantías y los concesionarios deciden cuándo llega de verdad una vivienda.

Pozuelo de AlarcónLas Rozas de Madrid

Hay dinero para invertir, pero cuesta encontrar quien ejecute

Las Rozas declara desiertas tres licitaciones el mismo día y sanciona a dos contratistas, uno de ellos por rotar cuatro técnicos sin la titulación exigida y revisar un solo contrato en un trimestre. Villanueva de la Cañada busca un ingeniero técnico industrial para tramitar licencias de actividad. Cruzados, los documentos apuntan a un mercado de servicios técnicos tensionado en el que los pliegos municipales no atraen ofertas suficientes. Esto importa precisamente por el punto anterior: el dinero de inversión ya está aprobado, y lo que decidirá si se gasta de verdad es la capacidad de contratar a quien lo ejecute. Cada caso puede tener causa propia, y con este material no cabe concluir una degradación general.

Las Rozas de MadridVillanueva de la Cañada

El órgano que decide la obra pública no es el Pleno y no es público

Torrelodones redefine en septiembre su Junta de Gobierno con contratación hasta seis millones y todo el planeamiento de desarrollo; Colmenarejo cambia el día de reunión de la suya; Los Molinos delega su presidencia por un día; San Lorenzo de El Escorial avoca competencias durante cuatro días. Cuatro anuncios de organización interna en una misma semana, que por separado son trámite. Juntos describen dónde se decide realmente: en Las Rozas, la Junta de Gobierno del 4 de septiembre resolvió más de setenta asuntos, entre proyectos de obra, licencias, penalidades y bases de empleo, en una sola sesión telemática sin público.

TorrelodonesColmenarejoLos MolinosSan Lorenzo de El EscorialLas Rozas de Madrid

Quién paga el mantenimiento de la urbanización depende del término municipal

Pozuelo es el único municipio de esta tanda que subvenciona hasta el 80 % de las obras que ejecutan las entidades urbanísticas de conservación en dominio público. Las Rozas, en cambio, contrata directamente accesos, zonas verdes y proyectos de accesibilidad. En una comarca de vivienda unifamiliar dispersa, esa diferencia decide si el vecino paga primero por derrama y luego recupera parte, o si no paga derrama pero tampoco elige. El otoño concentra además el calendario fiscal: IBI e IAE en Torrelodones hasta el 16 de noviembre y la tasa de terrazas de Alpedrete hasta el 15 de diciembre, en el mismo trimestre de la vuelta al cole y las cuotas de las entidades de conservación.

Pozuelo de AlarcónLas Rozas de MadridTorrelodonesAlpedrete

El agosto administrativo neutraliza la participación

Cruce las fechas: Becerril expuso del 11 de agosto al 1 de septiembre, Las Rozas publicó su modificación de 16,5 millones el 30 de julio, Pozuelo aprobó inicialmente su plan especial el 26 de agosto y su convocatoria de subvenciones el 12, Collado Mediano aprobó el estudio de detalle el 5 de agosto. Prácticamente todas las decisiones económicas y urbanísticas de calado de esta tanda pasaron su información pública con la comarca vacía, y ninguna recibió una sola alegación. Es legal y tiene explicación contable, pero el resultado agregado es que más de dieciocho millones de euros se comprometieron sin una sola voz en contra.

Los plazos más útiles coinciden con los anuncios menos informativos

Donde todavía se puede reclamar, en Los Molinos y Villanueva del Pardillo, no se publica ni el importe. Donde sí hay cifras desglosadas, en Becerril y Alpedrete, la fase de alegaciones ya se cerró. Esa inversión hace que el derecho a participar sea formalmente correcto y materialmente hueco: para alegar hay que pedir antes el expediente en el Ayuntamiento, un paso que filtra a casi todo el mundo.

El subsuelo y el archivo de los años ochenta son la deuda oculta

Pozuelo descubre un colector no cartografiado en un polígono urbanizado en los ochenta y tiene que modificar el planeamiento de una parcela ya adjudicada. Las Rozas archiva de golpe decenas de licencias de piscina comunitaria abiertas entre 2000 y 2002, veinticinco años sin resolver. Son dos caras de lo mismo: la información municipal sobre lo que hay construido y enterrado en esos desarrollos está incompleta. Y ahí es exactamente donde se quiere meter ahora vivienda protegida por la vía de las concesiones sobre suelo dotacional.

Cuidado con leer un nombramiento como un servicio nuevo

Siete oficiales de Policía Local en Majadahonda, cinco administrativos en Pozuelo, quince plazas en Las Rozas. Ninguno de esos anuncios dice si sustituyen vacantes, consolidan interinos o amplían plantilla. Presentarlos como refuerzo efectivo sería ir más allá de lo que acreditan los documentos, y es un error frecuente en la cobertura de este tipo de boletines.

La lectura contraria, que también se sostiene

Tres objeciones serias a todo lo anterior. La primera: la falta de detalle puede estar en el extracto del boletín, no en el expediente; el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales solo exige publicar el resumen por capítulos, y el desglose estaba disponible para cualquiera durante la exposición pública. Eso desplaza la crítica del ayuntamiento al ecosistema informativo que no fue a mirarlo, este sitio incluido. La segunda: este análisis sobrepondera Las Rozas, el único municipio de la comarca cuyo portal permite consulta automatizada. De Las Rozas hay actas completas y órdenes del día; de Galapagar, un anuncio de personal. Lo que aquí parece un patrón comarcal de fricción contractual puede ser un sesgo de transparencia que castiga analíticamente al municipio que más publica. La tercera: las penalidades y los concursos desiertos admiten leerse como control eficaz, no como fracaso. Un ayuntamiento que sanciona a su contratista y prefiere quedarse sin adjudicar antes que aceptar una oferta insuficiente está haciendo su trabajo. La pregunta que decide cuál de las dos lecturas vale es si después publica la solución, el coste final y el efecto sobre los plazos.