El BOCM del 14 de agosto deja un único plazo abierto para el vecino de a pie: veinte días para revisar y reclamar el padrón del agua del segundo bimestre en Becerril de la Sierra, con pago voluntario desde el 24 de agosto. En paralelo, las actas de junio de Las Rozas muestran un ayuntamiento que autoriza recurrir al Ministerio por el proyecto de accesos de la A-6, aprueba 642.995,65 euros extra en el polideportivo de Mirto-Acanto-Jacinto y encaja una sentencia que anula una plusvalía de 26.250,98 euros por notificaciones defectuosas. Majadahonda deja desiertas dos de las tres plazas de técnico jurídico de su área tributaria y Collado Mediano tramita su plaza de subinspector de policía con un único aspirante admitido. Entre municipios se repite el mismo problema: se publica mucho, pero casi nunca el importe.
Lo que se ve mirando toda la comarca
El noroeste no consigue cubrir sus propias plazas cualificadas
Majadahonda convocó tres plazas de técnico A1 por promoción interna y dejó dos desiertas. Collado Mediano tramita su plaza de subinspector de policía, también por promoción interna, con un único aspirante admitido. Las Rozas mueve en paralelo procesos masivos de policía local, monitores de natación e informática, con recursos y exclusiones de por medio. El mecanismo es el mismo en los tres casos: se tira de promoción interna sobre plantillas pequeñas, y la bolsa interna no da de sí. Boadilla es la excepción, porque incorpora once administrativos C1 de golpe, aunque no aclara si son plazas nuevas o personal que ya estaba. El efecto para el vecino no es abstracto: menos técnicos jurídicos en el área de tributos de Majadahonda significa recursos que tardan más; sin subinspector en Collado Mediano, un mando policial sin relevo. Y los ayuntamientos compiten entre sí por los mismos perfiles en un radio de veinte kilómetros.
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El punto débil de la fiscalidad local no es cuánto se cobra: es cómo se avisa
Las dos sentencias de plusvalía de Las Rozas dependen exactamente del mismo detalle: si las notificaciones previas al apremio fueron válidas o si se saltó demasiado rápido a la vía edictal. En una gana el vecino y se anulan 26.250,98 euros por prescripción; en la otra gana el Ayuntamiento. Súmese el padrón del agua de Becerril, que también es notificación colectiva por edicto, con el plazo abierto en pleno agosto. En una comarca con vecindario disperso, mucha segunda residencia y direcciones desactualizadas, el aviso es justo donde se rompe la cadena. Nadie lo está tratando como un problema de sistema: se resuelve pleito a pleito, y quien no pleitea, paga. Un registro de direcciones fiscales actualizado y un aviso electrónico voluntario costarían mucho menos que las costas de un solo contencioso.
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La A-6 se decide en Madrid, se pleitea desde un solo ayuntamiento y la sufren nueve
Las Rozas ha autorizado recurrir el proyecto estatal del tramo M-50 – enlace Las Matas Sur, que es el cuello de botella de entrada de toda la comarca. Lo que se decida ahí afecta al tiempo de viaje diario de Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba, Guadarrama, El Escorial o Collado Mediano, ninguno de los cuales es parte del litigio. En el material de esos municipios no aparece rastro alguno de posición común ni de coordinación. Y como el acuerdo no explica qué le objeta el Ayuntamiento al proyecto, los demás alcaldes ni siquiera pueden posicionarse a favor o en contra. Un recurso de un municipio puede retrasar durante años una mejora de transporte público de la que dependen ocho más. La infraestructura es comarcal; el conflicto se tramita como si fuera local.
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Municipios grandes que contratan, municipios pequeños que solo recaudan
En tres semanas, Las Rozas aprueba revisiones de precio de 643.000 euros, contratos armonizados de residuos y teleasistencia, dos operaciones de asfalto, vehículos de emergencias y un pleito contra el Estado. Becerril de la Sierra publica el padrón del agua. Collado Mediano, una plaza. No es que en la sierra no pase nada: es que en la sierra el ayuntamiento apenas tiene capacidad de contratación propia y depende de la Comunidad y de las mancomunidades. La consecuencia práctica para el vecino de sierra es que tiene menos margen para exigir localmente y más para exigir a la Comunidad. Y para quien lea este sitio: la ausencia de un municipio en una edición no significa que allí no se decida nada, sino que decide otro.
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Tres estándares distintos de transparencia a diez kilómetros unos de otros
Boadilla publica el destino concreto de cada funcionario nombrado, servicio por servicio. Majadahonda llega a publicar el código de puesto y el centro de coste al que se adscribe. Las Rozas, en cambio, adjudica contratos millonarios de asfalto, residuos, fiestas y teleasistencia sin que el orden del día recoja importe ni adjudicatario, y Becerril somete a información pública un padrón fiscal sin publicar ni una tarifa. Son cuatro modos distintos de entender la misma obligación legal, en municipios vecinos. La conclusión incómoda es que el volumen de publicación no mide nada: Las Rozas publica centenares de acuerdos al mes y sigue siendo imposible saber cuánto cuesta asfaltar una calle. Publicar mucho no es publicar lo que permite comprobar.
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A vigilar
Obra que sube de precio después de firmada, y suelo que nadie quiere comprar
Cruzando expedientes de Las Rozas aparecen a la vez: 642.995,65 euros de revisión extraordinaria en el polideportivo, una liquidación por encima del 5 % en las fachadas de La Marazuela, ampliaciones de plazo en dos promociones de vivienda protegida en alquiler, dos parcelas de Los Alemanes desiertas por falta de licitadores y dos procedimientos de suministro de licencias informáticas también desiertos. Ninguno de estos hechos, por separado, es noticia. Juntos dibujan un mercado que no acude a lo que el Ayuntamiento saca y unos precios de obra que se revisan al alza después de firmar. Es presupuesto municipal que se recoloca sin pasar por un debate público. La certeza de los hechos es alta; la de la interpretación, media.
Agosto como plazo
El único trámite de participación abierto en toda la comarca —los veinte días del padrón del agua de Becerril— transcurre íntegramente en agosto, se comunica por edicto y no por carta, y el periodo de pago voluntario arranca diez días después de publicarse. En un municipio con alta proporción de segunda residencia, ese calendario reduce de hecho el número de reclamaciones posibles. No hay indicio de que sea deliberado, y estos padrones se aprueban por ciclos fijos. Pero el efecto es el mismo se pretenda o no, y es fácil de corregir: aviso electrónico voluntario y plazos que no coincidan con la quincena de vacaciones.
Lo que se archiva sin ruido
Las actas de junio de Las Rozas contienen alrededor de veinte finalizaciones de procedimientos de licencia de garaje 'por desaparición sobrevenida del objeto', amparadas en el artículo 50 de la Ordenanza Técnica de Licencias, con expedientes que arrancan en 1997. Lo hemos descartado del cuerpo de la edición porque no tiene efecto vecinal directo, pero conviene decir que existe: es un ayuntamiento vaciando de golpe un archivo de veinte años de expedientes abiertos. Puede leerse como buena noticia —simplificación y limpieza— o como renuncia a comprobar el estado de garajes comunitarios antiguos. El material no permite decidirlo, y nadie lo ha explicado.
El resultado de las votaciones no está publicado
Del Pleno de Las Rozas solo tenemos el orden del día. Sabemos qué mociones se llevaron —cláusulas sociales en licitaciones, transparencia del aire, urbanizaciones pendientes de recepción— pero no cómo terminaron. Es un vacío recurrente y fácil de resolver: la convocatoria se publica siempre y el resultado tarda semanas o no llega. Mientras tanto, cualquier lectura sobre qué ha decidido el Pleno es provisional, y así lo hemos escrito.
La lectura contraria, que también se sostiene
Casi todo lo que aquí se señala puede ser rutina administrativa perfectamente sana, y este análisis puede estar sobreinterpretando tres semanas de junio y un boletín de agosto. Las revisiones de precio de obra no son sobrecoste opaco: son un mecanismo legal reglado, aprobado en sesión pública y con expediente numerado, y en el mismo acuerdo el Ayuntamiento rechaza las pretensiones extra de la contratista, lo cual es defensa del interés público y no laxitud. Las licitaciones desiertas pueden reflejar precios de salida bien fijados, no un mercado que huye. Las plazas desiertas de Majadahonda tienen una explicación banal: en promoción interna A1 el listón es alto y los candidatos internos, pocos. El caso del bar de las hachas admite una secuencia ordenada —declaración responsable ineficaz, licencia tramitada después por la vía correcta— y el auto es cautelar y expresamente no prejuzga. El recurso contra el Ministerio por la A-6 puede ser exactamente lo contrario de obstruccionismo. Y los expedientes de garaje archivados son, probablemente, un atasco de veinte años que por fin se resuelve. Lo honesto es decirlo: lo que este material acredita con seguridad no es mala gestión, sino que faltan los datos —importes, calendarios, tarifas, sentidos de fallo— para que un vecino pueda comprobarlo por su cuenta.